Una vez concluidos los procesos de responsabilidad administrativa en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, se informa lo siguiente:
Referente a la adquisición de megáfonos a sobreprecio, al haberse concluido los peritajes correspondientes y el desahogo de pruebas por parte de los involucrados, se comprobó la ilegalidad del acto, derivando en las siguientes sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios:
| Nombre | Dependencia | Sanción |
| Eduardo García Sánchez | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Inhabilitación de diez años y multa |
| Marco Antonio Hernández Gómez | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | Suspensión |
| Arturo Antonio Perera Cortés | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | Multa |
| Alberto Martínez Lara | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Amonestación |
En lo que respecta a la auditoría practicada al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en León, al no haberse solventado las observaciones pertinentes, la Dirección de Asuntos Jurídicos determinó la siguiente sanción:
| Nombre | Dependencia | Sanción |
| José de Jesús Arenas Corona | Secretaría de Gobierno | Destitución, inhabilitación y multa.
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Dichas sanciones han sido notificadas de manera oficial a los responsables de forma directa y a las instituciones a las que pertenecen a fin de que se acaten inmediatamente las medidas necesarias.
En el caso de megáfonos, la denuncia penal que se presentó, continúa su curso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyo proceso corre de forma independiente a las resoluciones que en este momento se dan a conocer.
Es así que se reafirma el compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con la PGJ en el aporte de pruebas e información para el deslinde de responsabilidades ante los hechos imputados.
Los detalles de las auditorías, investigaciones y sanciones permanecerán en carácter de información reservada, toda vez que los responsables tienen el derecho de impugnar las decisiones de la STRC ante las instancias correspondientes.
Con acciones como estas, el Gobierno del Estado de Guanajuato, trabaja para garantizar a la sociedad que no habrá tolerancia hacia los servidores públicos que incumplan con el deber al que están obligados.
